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Crisis sin fin: La calle y la caótica política peruana
En los últimos cinco años han desfilado por Palacio de Gobierno 6 presidentes, cada uno peor que el otro e involucrados directamente en casos de corrupción, tráfico de influencias, etc. Las vacancias y disoluciones del Congreso de la República resultan mínimos ataques al núcleo del miserable sistema político y cúpula que dirige al país. Jueces y fiscales blindando a los actores principales de mafias a cambio de favores políticos, enriquecimiento ilícito e impunidad es el pan de cada día.
La actual presidenta, Dina Boluarte, quien asumió el cargo de Pedro Castillo; elegido presidente en las últimas elecciones, pero actualmente cumple una condena por presuntamente liderar una organización criminal, lleva sobre sus hombros el peso de más de 50 muertos por uso excesivo de la fuerza durante las represiones en las protestas en varios puntos del país. Ella, junto al primer ministro Alberto Otárola, son sólo los últimos responsables de estas violentas ejecuciones, muchas de ellas a causa de disparos a quemarropa con armas de fuego a ciudadanos peruanos. Hasta la fecha no hay responsables pagando por estos crímenes ni el de los gobiernos anteriores.
Mientras tantos en las calles no se respira un mínimo de paz, sino rechazo a estas corruptas y traidoras autoridades, pero sobre todo sed de justicia para las víctimas y sus familiares.
(Español)
La crisis política en el Perú ha ido creciendo en las últimas décadas a medida que ha aumentado el número de muertos en su nombre y ante la podredumbre del Estado y la traición del pueblo, las calles de la capital centralizada; Lima y todo el país se han convertido en escenario de importantes manifestaciones nacionales. Sin embargo, la corrupción conquistada en todos los organismos públicos mantiene al país cada vez más polarizado y económica y socialmente inestable.
En los últimos cinco años han desfilado por Palacio de Gobierno 6 presidentes, cada uno peor que el otro y directamente involucrados en casos de corrupción, tráfico de influencias, etc. Las vacancias y disoluciones del Congreso de la República son ataques mínimos al núcleo del miserable sistema político y del liderazgo que dirige el país. Jueces y fiscales blindando a los principales actores de mafias a cambio de favores políticos, enriquecimiento ilícito e impunidad es el pan de cada día.
La actual presidenta, Dina Boluarte, que relevó a Pedro Castillo; Electa presidenta en las últimas elecciones pero actualmente cumpliendo condena por presuntamente liderar una organización criminal, carga sobre sus hombros el peso de más de 50 muertes por el uso excesivo de la fuerza durante la represión de las protestas en varios puntos del país. Ella, junto con el Primer Ministro Alberto Otárola, son sólo los últimos perpetradores de estas ejecuciones violentas, muchas de ellas resultantes de disparos a quemarropa con armas de fuego a ciudadanos peruanos. Hasta la fecha nadie ha rendido cuentas por estos crímenes, ni por los de los gobiernos anteriores.
Mientras tanto en las calles no hay un mínimo de paz, sino rechazo a estas autoridades corruptas y traidoras, pero sobre todo un reclamo de justicia para las víctimas y sus familiares.
La crisis política en el Perú ha ido creciendo en las últimas décadas a medida que ha aumentado el número de muertos en su nombre y ante la podredumbre del Estado y la traición del pueblo, las calles de la capital centralizada; Lima y todo el país se han convertido en escenario de importantes manifestaciones nacionales. Sin embargo, la corrupción conquistada en todos los organismos públicos mantiene al país cada vez más polarizado y económica y socialmente inestable.
En los últimos cinco años han desfilado por Palacio de Gobierno 6 presidentes, cada uno peor que el otro y directamente involucrados en casos de corrupción, tráfico de influencias, etc. Las vacancias y disoluciones del Congreso de la República son ataques mínimos al núcleo del miserable sistema político y del liderazgo que dirige el país. Jueces y fiscales blindando a los principales actores de mafias a cambio de favores políticos, enriquecimiento ilícito e impunidad es el pan de cada día.
La actual presidenta, Dina Boluarte, que relevó a Pedro Castillo; Electa presidenta en las últimas elecciones pero actualmente cumpliendo condena por presuntamente liderar una organización criminal, carga sobre sus hombros el peso de más de 50 muertes por el uso excesivo de la fuerza durante la represión de las protestas en varios puntos del país. Ella, junto con el Primer Ministro Alberto Otárola, son sólo los últimos perpetradores de estas ejecuciones violentas, muchas de ellas resultantes de disparos a quemarropa con armas de fuego a ciudadanos peruanos. Hasta la fecha nadie ha rendido cuentas por estos crímenes, ni por los de los gobiernos anteriores.
Mientras tanto en las calles no hay un mínimo de paz, sino rechazo a estas autoridades corruptas y traidoras, pero sobre todo un reclamo de justicia para las víctimas y sus familiares.
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